El rol del Estado en la regulación de los agroquímicos

En la actualidad no hay una ley nacional que ordene las diferentes regulaciones que existen en Argentina en relación con los agroquímicos. Pese a que hay diferentes instancias estatales de regulación del uso de plaguicidas, en la práctica no alcanzan a ser efectivas en materia de control y lo que predomina es una desregulación de la actividad.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) es el organismo que se encarga de ejecutar políticas nacionales en materia de sanidad y calidad animal y vegetal. Tal como lo expresa en su página web, su función es verificar el cumplimiento de la normativa vigente, en la cual se inscribe el correcto manejo de agroquímicos.

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Oficina Administrativa Av. Belgrado 357. FOTO: Agencia TAO/ Johana Bade

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Oficina Administrativa Av. Belgrado 357. FOTO: Agencia TAO/ Johana Bade

Al respecto Javier Souza Casadinho, profesor en la Facultad de Agronomía de la UBA dijo: “Productos que están prohibidos en otras partes del mundo acá sí se pueden usar, como los plaguicidas Imidacron mil y Sapromi. Otro problema es la categorización de los productos como el glifosato, categorizado como poco riesgoso: creemos que no tienen en cuenta su toxicidad crónica.”

El diputado del Frente para la Victoria, Luis Basterra, presentó en 2014 un proyecto de ley nacional de “registro, comercialización y control de productos fitosanitarios”. Si bien varias organizaciones ambientalistas se pronunciaron en contra  (entre otros motivos, porque no prohíbe la fumigación aérea y porque soslaya las implicancias del uso de agroquímicos en la producción de alimentos, es decir, la exposición indirecta), Souza rescata que en el proyecto se incluya al Ministerio de Salud dentro del organismo de control. El ingeniero afirma que: “los médicos tienen una perspectiva vinculada a la vida, y no sólo sobre el control de la hierba”. El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados y actualmente se encuentra en la de Senadores.

Johanna Bade y Gabriel Esteban García/ M.P.I/ Comisión 2

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