Regulación de criptomonedas: el debate que se viene en el Congreso

El mercado de las criptomonedas superó los 2,4 billones de dólares en el último semestre. El dato surge de un informe de la consultora Coinmarketcap. Aunque las más conocidas son las Bitcoins, hay más de 10 mil variedades. Con el ideal autárquico de “sé tu propio banco”, este medio de pago global y descentralizado no paga impuestos a los estados ni a los bancos. Operan por fuera de ellos, en forma autónoma. El debate por su regulación llegó al Senado argentino en 2019, pero no hubo grandes avances en el carril legislativo. En mayo pasado, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) difundió una circular que alertaba sobre los riesgos e implicancias de estos activos, que van desde su volatilidad y su ligazón con actividades ilegales, hasta su falta de transparencia, el riesgo de fraude, los ciberataques, el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo. ¿Regularlas o no regularlas? Esa es la cuestión.

ABC Criptomonedas. Realización: Agencia TAO

Dos caras de la misma moneda

El proyecto de ley ingresó en la Cámara de Diputados en 2020, impulsado por los legisladores Liliana Schwindt y Marcos Cleri del bloque del Frente de Todos (FDT). “Se trata del primer peldaño para complementar las políticas gubernamentales, pensando en acciones de promoción de tecnologías Fintech y Blockchain”, afirma Ignacio Vitale, coordinador del Observatorio Fintech del Círculo de Legisladores de la Nación. Un eje fundamental del proyecto es la definición de qué es un criptoactivo, pero el asunto central es otro: garantizar la seguridad jurídica para quienes hacen transacciones como estas.

Otra cuestión clave es que “no podrán utilizarse como medio de pago en especies para extinguir obligaciones de naturaleza laboral y cargas familiares como la cuota alimentaria”. Vitale explica que la intención es salvaguardar los deberes de posibles fluctuaciones en el valor de los criptoactivos. Pero, ¿por qué la legislación no las reconoce como medio de pago? Es que “para eso está el peso argentino; para incorporar otras monedas, deberíamos cambiar nuestra Constitución y no es la intención”, define el coordinador. El proyecto establece que cada persona es libre de pactar las cláusulas que desee para operar con criptos, sin más restricciones que las que la ley establezca. Eso sí, se toman recaudos para evitar estafas o malversación de fondos. Por ejemplo, se considera una licencia para quienes manejen capital de terceros ya que “quien dispone de la clave privada, es el dueño del dinero”, clarifica Vitale. También se plantea que las casas de cambio rindan cuentas a la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo autónomo y con autarquía financiera que analiza y transmite información para prevenir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y delitos económico-financieros complejos. Además, deberá existir un consentimiento informado en el que las casas de cambio se comprometen a aclarar todas las dudas de los usuarios.

La autoridad de aplicación para esta medida será la Comisión Nacional de Valores (CNV) con actividades supletorias de la UIF. Sin embargo, el bloque de Juntos por el Cambio (JPC) quiere darle ingreso parlamentario a otro un proyecto de ley distinto, que no define a una autoridad de aplicación que garantice el cumplimiento de la normativa. Según explica el diputado nacional Ignacio Torres, lo que pretende JPC es que la categoría de agentes de compraventa se incorpore al artículo 20 de la Ley 25.246. Así, pasarían a ser sujetos obligados de la UIF. Ahora, la mayor controversia entre ambos proyectos gira en torno a la descentralización.

El proyecto del FDT establece que el BCRA podrá monitorear las transacciones con criptos y elaborar informes de impacto y evolución económica. Torres, por su parte, admite que el proyecto de JPC surge de inquietudes expresadas por ciertos sectores de la industria (casas de cambio e inversoras locales de criptos) con respecto al proyecto oficialista. También buscan “crear un marco jurídico que favorezca un esquema de desarrollo seguro”. Además de proteger a los consumidores, prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, el proyecto cambiemita, asegura, persigue otro fin: fomentar la inversión.

Está claro que las visiones son antagónicas. Por eso, Juan Ignacio Belbis -asesor legislativo de JPC- adelanta un objetivo más acotado que el del FDT: “Hay que definir qué son los criptoactivos de forma general para, una vez madura la industria, entrar en discusiones más puntuales”. Sobre la figura de los agentes de compra y venta, afirmó que “habría que instruir a la AFIP y al INDEC, que son los que manejan el nomenclador de actividades económicas, para que registren esta nueva categoría”. Así, continuó el asesor, “cualquier actor que quiera operar de forma habitual en el mercado argentino y obtener un rédito económico, podrá hacerlo”.

Un punto que comparten ambos proyectos es la necesidad de evitar confusiones en la discusión pública. El mencionado consentimiento informado. “Criptoactivo, criptomoneda, Bitcoin, Litecoin, Ethereum… se habla como si todo fuera la misma moneda y no es así”, afirma Belbis y advierte que hay una voluntad de sobrerregular estos activos, porque son fenómenos desconocidos. “Si miramos nuestro plexo normativo vigente, lo que cambia son algunas definiciones de estos activos que no estaban contemplados, pero las buenas y las malas prácticas ya están definidas. Entonces, más que sobre-regular, hay que apuntar a las normativas, los actores y las autoridades de aplicación vigentes que son las que tienen competencia”, explica.

En síntesis, se trata de dos caras de una misma moneda. JPC apunta a definir un marco de regulación básico y, a partir de ahí, recurrir a las reglamentaciones que correspondan o aplicar las ya vigentes: “Buscamos un equilibrio entre un mínimo de seguridad jurídica sin regular necesariamente todo. No queremos que la potencial ley asfixie el negocio y las operaciones de las empresas que, de buena fe, quieren participar y seguir apostando a crecer”, concluyó el asesor. El FDT apuesta a una mayor participación del Estado en la regulación, propone autoridades de aplicación y apunta de lleno a la seguridad jurídica de quienes operan en este ecosistema digital. Pero, ¿se trata de proteger los intereses de usuarios comunes que comparten mercado con pequeños y gigantes financieros o se convertirá en una nueva caja negra de recaudación? Surgen muchas preguntas en torno a estas monedas, que prometen transformar el sistema de pagos y el orden económico a nivel mundial.

Ilustración: Lula Cisterna

El Banco Central y el ecosistema digital

El exvicepresidente del BCRA Lucas Llach y el CEO de Belo y cofundador de Bitex Manuel Beaudriot tienen claras miradas sobre el impacto de una posible regulación. Llach cree que “el desafío de las cripto es que son cómodas, digitales, rápidas y seguras, pero incontrolables”. Entonces, ¿hay que dejar que existan? Ese es el quid de la cuestión para el exfuncionario: “Querer controlar el lavado digital es una batalla perdida”, lamenta. Lo que se puede regular, desde su perspectiva, son las casas de cambio y las plataformas de compraventa

Como toda actividad económica, los usos de estas monedas tienen sus matices: “no sirven para comprar cosas, pero sí para invertir o especular”, dice Llach. Este punto, sin embargo, no fue considerado en ninguno de los proyectos presentados. En cuanto al Banco Central, el economista observa una postura temerosa, basada en el desconocimiento sobre este sistema emergente. Beaudriot, por su parte, afirma que “siempre y cuando esto termine en pagar más impuestos y que se engrosen las arcas del Estado, los proyectos van a pasar”.

Si bien reconoce que su mirada es sesgada, el CEO admite la necesidad de proteger a los usuarios y considera que no hace falta una regulación nueva, porque “todo lo referido a la prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo, son normas que la AFI baja a nivel global”. Aún así, reconoce las sombras del circuito económico nacional: “Los usuarios eligen qué declarar. ¿Cuánto dinero que pasa por el circuito paga impuestos y cuánto paga en negro para la economía? Aplica la misma lógica”.

La propuesta del empresario pone el foco en la educación financiera: “Si hubiera una estrategia federal que enseñe a los usuarios las particularidades de esta actividad, no haría falta ninguna regulación. Es mejor educar que generar miedo”. Beaudriot ofrece una visión prometedora sobre el futuro de las criptomonedas: “Es una tecnología que puede ser más grande que Internet; una conexión entre lo digital, lo virtual y lo real que va a suceder. La innovación es como el agua, pueden prohibirla y va a pasar igual, o pueden encauzarla y aprovecharla”.

Redacción: Alejandra González Orellana.

Edición: Johanna Chiefo.

Producción periodística: Federico Cingolani y Micaela Calabró.

Producción audiovisual: Lula Cisterna.

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