Repartidores y aplicaciones: la precarización de una actividad esencial

En junio de 2021, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires multó a las aplicaciones de reparto tales como Pedidos Ya, Rappi y Glovo con una sanción de más de $40 millones, dado que se comprobaron reiteradas violaciones a los derechos laborales de un conjunto de trabajadores en un relevamiento realizado por la cartera provincial a 172 repartidores del AMBA. Esta decisión sienta precedentes para futuras regulaciones que lleven a una mejora en las condiciones laborales de un rubro esencial que continúa en la precarización.

Repartidores en pandemia: la precarización de una actividad esencial. Realización: Agencia TAO

A la fecha la única regulación vigente que involucra a los repartidores de las aplicaciones, es el Registro Único de Transporte de Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias (RUTRAMUR) que rige en CABA desde marzo de este año. No obstante, dicha legislación no apunta a regularizar la labor de los trabajadores, sino que su fin es controlar el estado general de los vehículos que utilizan para repartir y tener registro de la situación impositiva de cada uno de los repartidores. Es decir, avala una relación de autonomía entre trabajadores y plataformas, que en el contexto pandémico se agravó profundamente.

Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicado en diciembre de 2020, a causa de los efectos producidos por la pandemia, el trabajo en las plataformas de reparto en la Argentina aumentó un 400%, mientras solo se incorporó a un 15% de trabajadores que deben hacerse cargo de una demanda cuatro veces mayor que la del año anterior.

La crisis económica que generaron las medidas de aislamiento y la falta de oportunidades en el mercado de trabajo son los motivos por los que las apps de delivery crecieron como posibilidad de salida laboral. Las laxas barreras de entrada que existen para incorporarse a este sector contrastan con la falta de regulación y protección hacia una cantidad cada vez mayor de repartidores. Esta situación de precariedad laboral se debe en parte a que la actividad no cuenta con un marco normativo que imponga responsabilidades a las empresas con respecto a sus trabajadores.

El modelo propuesto por las plataformas de delivery funciona bajo un esquema laboral en el que el algoritmo se ha convertido en el jefe virtual del repartidor. Tal como aclara el informe de la OIT: “los repartidores son normalmente considerados como trabajadores independientes, quienes deben estar inscriptos en el régimen para pequeños contribuyentes denominado `Monotributo´”. De tal manera, los trabajadores de las Apps quedan por fuera de todo tipo de prestación que rige para empleados en relación de dependencia, como serían el seguro por desempleo, la licencia por enfermedad y la cobertura por Accidentes de Trabajo. Según una encuesta publicada en julio de 2019, por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) “sólo un 55% de los repartidores encuestados afirmó realizar aportes previsionales por su actividad en la plataforma, y apenas el 40% posee una obra social a raíz de su trabajo”.

Repartidores de la empresa Pedidos Ya en Plaza Lavalle. Fuente: Agencia TAO

La ex diputada nacional por el Frente de Izquierda (FIT) Romina Del Plá sostiene que en la actualidad existe un proceso de uberización en el mercado de trabajo que “implica que nadie es empleado de nadie, todos son colaboradores o asociados. Son mecanismos que utilizan estas plataformas, Uber, y ni hablar de las plataformas de repartos.” Del Plá identifica esta situación como un ocultamiento de la relación laboral.

En este marco, los repartidores son considerados como “socios-colaboradores” y no tienen una relación de exclusividad con las empresas. De tal forma, en lugar del contrato de trabajo, el vínculo entre la plataforma y el repartidor se establece mediante la adhesión a los “términos y condiciones” que enuncia cada plataforma. Así, son las apps quienes imponen las condiciones de trabajo y la exención de responsabilidades ante supuestos daños entre las partes. Por ejemplo, la empresa Rappi, aclara en una de sus cláusulas enunciadas en su sitio web que “en ningún caso Rappi será responsable por daños y perjuicios directos, indirectos, imprevistos, mediatos o punitorios, que resulten de algún aspecto del uso que el usuario haga de la aplicación”, dejando en claro así su exención ante cualquier inconveniente que pueda tener el repartidor. Cuando me robaron, usé la aplicación del cliente y le dije que reportara que el repartidor había sido robado. Pero nunca le vi la cara a nadie de Uber Eats”, cuenta Iván Díaz. Y agrega que al no ser trabajadores reconocidos por estas empresas, cuando sufren algún accidente no cuentan con ningún canal de comunicación directo.

En tanto, las plataformas establecen de forma unilateral las tarifas que el repartidor gana por cada pedido. “El repartidor es quien menos se lleva. A veces, nos llevamos 40 pesos por pedido, por hacer un kilómetro y medio. Es terrible eso. A veces, el cliente, de onda, te tira $100 y terminás haciendo más plata con la propina”, explica Iván. Por otro lado, cuenta que empezó a cobrar fuerza un sistema alternativo dentro del mercado de las apps de delivery, como forma de obtener más ganancia por parte de algunos repartidores: el alquiler de cuentas. “Te hacés una cuenta propia en una app, la laburás un poco. Tratás de que tenga mejor ranking, la mayor cantidad de aceptación y luego la ponés a disposición de otros repartidores para que la trabajen. En ese marco, Iván explica que se conformó una especie de mercado paralelo dentro del sistema de reparto: “Hay algunos que hacen esto y te cobran hasta 5.000 pesos, la alquilan por semana, con otro nombre, y uno sale a laburar con esa cuenta”.  

En el plano impositivo, las empresas de plataformas aparecen inscriptas en AFIP como compañías que ofrecen “servicios de consultoría y suministros de programas de informática”. Según Juan Manuel Ottaviano, abogado laboralista, investigador del Centro de Estudios en Tecnología y Sociedad (CETyS) y ex asesor de la Asociación de Personal de Plataformas (APP) esta calificación es incorrecta. El planteo de Uber, Rappi y Pedidos Ya, es que solo son intermediarias entre el factor trabajo y la solicitud del servicio de transporte y entrega. Cuando también se ocupan de productos alimenticios, compras de supermercado, gastronomía, etc. (…). Brindan por sí mismas el servicio de venta y reparto o, en el caso de Uber, de transporte. No son aplicaciones, son empresas que manejan aplicaciones. El servicio principal es el de venta de productos, argumentó.

Infografía sobre la situación de los repartidores durante la pandemia. Diseño: Agencia TAO

La verdadera máscara es creer que prestan servicios de delivery. El fondo de la facturación de estas empresas es la retención de montos a través de comisiones que le cobran a los restaurantes y supermercados. Tienen contratos como proveedores y retienen el dinero de los pagos que los clientes hacen por la compra y entrega de productos”, aclara Ottaviano. En el 2020, los comercios lograron un acuerdo temporal para pagar comisiones con un límite máximo del 18%.

Ante la necesidad de regular la actividad de las empresas, desde fines de 2019 hasta mediados de 2021 se llevan presentados seis proyectos de ley que buscan incrementar la carga tributaria de estas compañías y que cumplan con las responsabilidades que les corresponden legalmente por emplear trabajadores a través de las plataformas.

Tanto el oficialismo como el FIT han propuesto distintos proyectos con el fin de regularizar el trabajo de los repartidores. Entre los lineamientos en común a todos los proyectos lo que se busca es que se reconozca la relación laboral empresa-trabajador, que los repartidores cuenten con un salario regular, y se les otorgue un seguro de riesgo de trabajo (ART), los elementos de trabajo correspondientes y se les garanticen determinados espacios sanitarios y de descanso, además de recibir una indemnización en caso de ser despedidos. Sin embargo, hasta la fecha ninguna de las iniciativas presentadas se llegó a debatir en el Congreso.

Redacción: Antonella Montero, Melina Pereira y Aylén Gerbaudo.

Edición: Aram Kucuk Beyaz.

Producción periodística: Juan Francisco Cormick, Antonella Montero, Melina Pereira y Aylen Gerbaudo.

Producción audiovisual: Aram Kucuk Beyaz y Juan Francisco Cormick.

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