Es ley el cupo laboral travesti-trans: éxitos y desafíos de una iniciativa histórica

El 24 de junio se aprobó la Ley de Promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero “Diana Sacayán y Lohana Berkins”. “Fue una fiesta democrática, colectiva y transfeminista, luego de muchos años de militancia”, concluyó Mónica Macha, diputada nacional, una de las impulsoras del proyecto y presidenta de la Comisión de la Mujer y Diversidad de la Cámara Baja. La nueva legislación entró el 7 de julio en vigencia.

Producción: Camila González / Edición: Franco Ojeda

La ley 27636, aprobada por amplia mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, va en sintonía con el decreto presidencial 721 de septiembre del 2020. Al respecto, Mónica Macha afirmó que la ley “no trae cambios sustanciales”, aunque “otorga fuerza constitucional, democrática, legítima y legal”. Además, incorpora incentivos al sector privado, algo ausente en la legislación que estaba vigente. Florencia Guimaraes, militante trans y coordinadora del centro de día “La Casa de Lohana y Diana”, sintetizó la importancia de este hecho histórico: “Va más allá del derecho al trabajo, es el derecho a la existencia”.

La ley promueve otros derechos de las personas travestis y trans, como el acceso a la educación (artículo 6) o a la no discriminación (artículo 7). Esto último incluye  desestimar los antecedentes contravencionales y penales que sean irrelevantes para el acceso al puesto laboral, ya que las personas travestis y trans son usualmente acosadas por la policía por ejercer la prostitución como modo de subsistencia y suelen tener registros penales. Según un informe del 2014 de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (Attta) y la Fundación Huésped, el 85% ejerce o ha ejercido la prostitución.

El decreto 721 establecía un piso de un 1% de los puestos laborales del sector público nacional destinados a las personas travestis y trans, algo que la ley sostiene. Al día de la fecha, fueron otorgados 87 puestos efectivos de trabajo o en proceso de contratación y hay 45 puestos más disponibles, lo que da un total de 132 trabajos. Esto representa un 0.05% del total de trabajadorxs del Estado nacional, muy lejos de los más de 2600 puestos que deberían ser otorgados.

Crédito: Camila González

Estos datos se desprenden de un pedido de acceso a la información pública brindado por la Subsecretaría de Políticas de Diversidad, dependiente del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Esta dependencia del Estado es conducida por Alba Rueda, la primera mujer trans en llegar a un cargo político tan alto. Ex trabajadora del Inadi, la subsecretaria asegura que la ley busca reconocer una vacante enorme, ya que más del 80% de la población travesti y trans no accede o no ha accedido a un empleo formal nunca.

“La idea es que sea una propuesta de trabajo en conjunto que aborde no solo el ingreso de las personas trans, sino también la finalización de sus estudios y la formación en el empleo”, sostuvo Rueda, y agregó que “no se trata solo de trabajar en una situación en concreto, sino en cómo desarticular y desarmar esa trama de situaciones donde se inscriben los actos discriminatorios. Se trata de trabajar para que no haya complicidades, para que no haya silencios y para que también sea una perspectiva institucional la que promueva la igualdad y la diversidad”.

Alba Rueda, Subsecretaría de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
Fuente: Agencia Presentes

Thomas Casavieja, primer trabajador trans del Banco Nación y encargado de redactar el acuerdo entre el gremio y la institución bancaria que permitió su acceso, aseguró que “buscar y encontrar trabajo siempre fue muy difícil previo a la Ley de Identidad de Género por no poder mostrar el documento, básicamente para no dar explicaciones”, y recordó que la mayor parte de su vida tuvo trabajos informales, algo que, según él, sigue siendo la situación actual de la gran mayoría de las personas trans.

¿Cuál es la situación actual?

Las comunidades trans y travestis han sido discriminadas históricamente. Según el informe de Attta y la Fundación Huésped, entre el 80 y 90% de las personas travestis y trans han sido discriminadas por su identidad. El informe arroja porcentajes muy altos también en la falta de acceso a cobertura médica: el 80,4% no tiene obra social ni prepaga y se atiende exclusivamente en hospitales públicos.

Laura Caniggia, Jefa del Departamento de Géneros y Diversidad de la Cámara de Diputados de la Nación, explicó que no se trata meramente de generar puestos de trabajo o capacitar a sectores de la administración pública y privada para la inclusión de personas trans y travesti, se trata de “un abanico de ausencias del Estado que hay que comenzar a resolver de alguna forma y de manera urgente”.

“Tenemos compañeras grandes que no pueden trabajar. Con ‘grandes’ me refiero a 40 o 50 años pero que tienen un deterioro de salud tan grande que no pueden trabajar. Hablamos de vidas que fueron excluidas del sistema de salud, de familia, de educación. No pueden laburar porque sus cuerpos ya están muy violentados”, explicó Caniggia.

A su vez, la funcionaria expresó la importancia de la calidad de los empleos que podrían generar esta nueva ley: “Las nuevas trabajadoras llegan con mucha vulnerabilidad, la gran mayoría con muchos años de prostitución encima. Esas vulnerabilidades se acarrean, no se van de un día para otro cuando una accede al empleo. Así que generar contratos basura no resuelve la situación tampoco”.

En la misma línea opinó Araceli Paz Mera, integrante de Attta de Escobar, provincia de Buenos Aires. “El cupo laboral trans viene a saldar una deuda pero para las futuras generaciones. Deja excluidas a las compañeras de más de 40 años que fueron víctimas de violencia institucional, incluso en tiempos de democracia. En este caso, hay que ser sinceros, al mercado laboral se ingresa hasta cierta edad. En muchos casos, tampoco pudieron acceder a la educación y a ningún sistema de salud”.

Crédito: Camila González

El acompañamiento, doble visión personal y cultural

Según explica Francisco Quiñones, director del Bachillerato Popular travesti-trans “Mocha Celis”, para la correcta aplicación de esta legislación hace falta mucho acompañamiento, ya que “la población travesti-trans, en su mayoría, no ha tenido un empleo formal. Por lo tanto, esperar que cumplan con ciertos estándares es una mirada errada”. El director de “La Mocha”, como se conoce popularmente a esa institución educativa, reflexionó: “Hay que pensar que nunca nadie les ha explicado códigos de vestimenta o distintas situaciones que cada trabajo tiene y que uno las tiene incorporadas per se porque estamos institucionalizados desde los 5 años, a diferencia de la población travesti-trans que, por lo general, se ha quedado por fuera de todos esos espacios”.

Bachillerato Popular Mocha Celis
Foto de Erik Gonzalo Raudino

Asegurar el acceso del colectivo a la educación es fundamental, asegura Quiñones. Además, señala que “es un derecho básico que tienen que tener todas las personas en el territorio nacional y el mundo”. Sobre este punto, también advierte que “lo que nos interesa es que las personas puedan formarse continuamente, capacitarse, sin que eso sea un impedimento para la inserción laboral”.

Esta visión sobre la vulnerabilidad de las personas travestis y trans es compartida por Mónica Macha, diputada nacional y presidenta de la Comisión de la Mujer y Diversidad de la Cámara Baja: “Llevan sobre sus cuerpos y subjetividades años de violencia, odio, discriminación y desigualdad y esta realidad no cambiará de un día para otro, a menos que se realice un cambio cultural profundo”, aseguró. Sobre este cambio también reflexionó Thomas Casavieja, que considera que es “todo un desafío” pero “siempre siendo consciente de que estamos abriendo las puertas a compañeros y compañeras y en algunos años no va a ser una sorpresa que haya personas trans trabajando en muchos espacios”.

Créditos:

Redacción: Florencia Agostina Ferrari y Erik Gonzalo Raudino

Edición: Ignacio Marchini

Fotografía e infografías: Camila González, Erik Gonzalo Raudino, Agencia Presentes, Archivo de la Memoria Trans

Investigación periodística: Florencia Agostina Ferrari, Camila González, Ignacio Marchini, Franco Ojeda y Erik Gonzalo Raudino

Producción audiovisual: Camila González

Edición audiovisual: Franco Ojeda

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