El Estado no cumple con el porcentaje mínimo de empleados con discapacidad

El Gobierno Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires incumplen con los cupos laborales mínimos para personas con discapacidad. La Ley Nacional 25.689 (2003) establece que el Estado Nacional debe contratar a personas con discapacidad que tengan idoneidad para el cargo en un porcentaje no menor al 4% de la totalidad de su planta. En la Ciudad de Buenos Aires, rige la Ley 1.502 (2004), que eleva el cupo al 5% para la administración y empresas privadas que reemplacen al Estado.

Datos Duros

El informe del segundo semestre de 2013 de la Oficina Nacional de Empleo Público (ONEP) indica que, de 182 Jurisdicciones Ministeriales, Entidades Descentralizadas y Universidades Nacionales, 159 informaron 2.538 personas registradas con Certificado Único de Discapacidad (CUD). Esto representa el 0,77% de un total de 328.606 empleados. En su mayoría, ciegos, sordos y con dificultades motoras; los deficientes mentales son los más discriminados.

La secretaria actual de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), Carolina Buceta, contó a Agencia TAO que, si bien en la Ciudad de Buenos Aires no hay cifras oficiales al respecto, advierte que tampoco se respeta el cupo mínimo.

La ignorancia como causal

La encargada del Área de Discapacidad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, la Dra. Isabel Ferreira, dijo a Agencia TAO: “La escasa inserción laboral de personas con discapacidad está motivada por los mitos, miedos y prejuicios entorno a las discapacidades”. Y agregó: “Según el concepto del modelo médico dominante, toda persona con discapacidad es un enfermo y, por ende, improductivo”.

Ferreira explicó que los empleadores suponen que incorporar este tipo de personal les implicaría problemas como juicios de despidos, accidentes laborales e inasistencias. “Circunstancias que no se dan en mayor medida que con personas sin discapacidad”, declaró la abogada. “Otra razón son las inversiones que se deberían hacer para que puedan ocupar sus puestos: modificaciones edilicias, softwares, lectoras para ciegos o la enseñanza del lenguaje de señas para aquellos compañeros de sordos”.

Carolina Buceta dijo a Agencia TAO que aquellas empresas contratantes de personas discapacitadas reciben beneficios impositivos. “En la Provincia de Buenos Aires, la Ley 10.592 establece el 50% de descuento en ingresos brutos. Y en Nación, la Ley 22.431 y la 24.013 otorgan el 70% de descuento en ganancias y el 50% en contribuciones patronales, respectivamente”. Agregó que, si bien desde el Estado han nacido iniciativas y proyectos para promover la incorporación de estas personas al ámbito laboral, no se publicaron registros de sus resultados.

Ferreira y Buceta coincidieron en que lo que hace falta es hacer docencia. “Hay desinformación y lo desconocido paraliza. Se debe decir que las personas discapacitadas pueden trabajar como las demás”, dijo Buceta. Por su parte, Ferreira sostuvo que debe generarse un cambio de mentalidad para hacer efectiva la inclusión.

 Martina Ferradás / M.L. / C 2

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