Bulacio: la causa interminable

En pocos días se conocerá la sentencia de la causa Bulacio, pero el Estado argentino todavía está en deuda con la resolución del caso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó a reabrir la investigación y emitir un fallo, pero también decretó que se investigue el accionar de los jueces involucrados, algo que por el momento no ocurrió. Han intervenido 47 magistrados, responsables de que el juicio se extienda por más de 22 años.

El hecho ocurrió en 1991 y resultó una evidencia de las prácticas policiales de entonces: el adolescente fue detenido arbitrariamente en una razzia y luego llevado a la comisaría, en la que le pegaron una paliza por la que murió. El comisario Miguel Ángel Espósito quedó rápidamente señalado como responsable del operativo, en el que detuvieron a 73 personas, entre ellas Bulacio. Se lo acusó de privación ilegítima de la libertad y de tormentos seguidos de muerte, es decir de los golpes que mataron a Walter. De allí en adelante el expediente circuló por todas las instancias nacionales, incluida la Corte Suprema, pero nunca se dictó una sentencia definitiva. Paralelamente, los familiares acudieron a la Corte Interamericana, organismo supranacional que en 2003 estableció abrir nuevamente el juicio y analizar la responsabilidad de los jueces. Esto último es una de los aspectos más sobresalientes del fallo.

Cinco años después, Argentina comenzó a cumplir con su obligación. Aníbal Fernández, ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, solicitó al Consejo de la Magistratura un estudio exhaustivo de la actuación de los cuatro jueces penales que intervinieron, es decir aquellos que analizaron la muerte de Walter: Víctor Pettigiani, María Cecilia Maiza, Alicia Iermini y Facundo Cubas. Pero este procedimiento, impulsado para evaluar la dilación en el tiempo, sufrió de lo mismo ya que terminó cuatro años después y con un resultado parcial y negativo. De los cuatro juzgados solo Iermini estuvo al borde del juicio político. Sin embargo, la votación se inclinó en contra del jury y la causa Bulacio ni siquiera fue redimida en esta instancia.

Walter Bulacio

Walter Bulacio

En relación a la causa Bulacio, estos cuatro magistrados intervinieron en diferentes momentos desde 1991. El primero en actuar fue Pettigiani, ya que el caso fue asignado a su juzgado. En ese momento se le imputaba a Espósito la muerte de Walter, pero este cargo fue descartado enseguida por el propio fiscal de la causa y Pettigiani, quienes dijeron no hallar pruebas contundentes para culpar al comisario. Más adelante, luego de agregar testimonios y pruebas periciales, la jueza Maiza también consideró que eran insuficientes, por lo que volvió a sobreseer provisionalmente al comisario por los tormentos seguidos de muerte. Elevó la causa sólo por privación ilegítima de la libertad.

Hasta ese momento, la investigación avanzó a un ritmo previsible. De allí en adelante, bajo la tutela de la jueza Iermini, la causa quedó congelada siete años ya que el abogado de Espósito se encargó de interponer numerosos recursos procesales para aplazar una resolución que nunca llegó: en 2002 prescribió por falta de sentencia. Esto es clave en el fallo de la Corte Interamericana. La permisividad de Iermini fue cuestionada por el tribunal internacional al entender que generó “una situación de grave impunidad” dado que en lugar de garantizar la defensa del imputado se convirtió en una estrategia para evitar una resolución al caso.

La jueza Iermini ostenta un desempeño cuestionable también en otras intervenciones, entre las que se destaca el caso de gatillo fácil de Bruno Pappa, asesinado el 12 de septiembre de 2011 por un oficial de la Metropolitana, Enzo Alvarez, acusado tan solo de homicidio simple, sin considerar los agravantes: era policía y usó arma de fuego. El derrumbe del entrepiso del boliche Beara de Palermo, en 2010, que ocasionó dos víctimas fatales y varios heridos, también fue un proceso criticado. En esa causa desestimó la indagatoria por el delito de cohecho, pedida por el fiscal, a los funcionarios del Gobierno de la Ciudad responsables de la habilitación del lugar porque las supuestas coimas no estaban registradas en los libros contables. Sin embargo, en las computadoras secuestradas en la discoteca se encontraron anotaciones que indicaban la suma de 114.600 dólares y el rótulo “habilitación más abono cometa”, entre otras pruebas aportadas por el fiscal.

María Ramona Armas de Bulacio- Abuela de Walter Bulacio

María Ramona Armas de Bulacio- Abuela de Walter Bulacio

Facundo Cubas, el cuarto de los investigados, se hizo cargo de la causa Bulacio a partir de 2008, con el Estado como querellante. El magistrado intervino además en otros casos en los que estaba involucrada la policía. Sus decisiones también fueron muy cuestionadas, en especial por favorecer reiteradamente a los agentes. Por ejemplo, Hugo Sbardella, jefe de la Cárcel de Devoto, fue beneficiado con la prescripción de una causa en su contra por una golpiza que había dejado ciego a un preso. En 2006, también sobreseyó a dos policías acusados de golpear a un hombre de 67 años por negarse a ser testigo de una detención que no vio, decisión que luego fue revocada por la Cámara. Y en la causa de Jonathan Kiki Lezcano y Ezequiel Blanco, asesinados el 8 de julio del 2009 por policías, Cubas interpretó que fue un caso de legítima defensa mientras el expediente de la investigación está plagado de objeciones, por lo que fue apartado del caso y ordenaron un nuevo procedimiento.

Sólo ellos cuatro fueron señalados por el Estado argentino como responsables de la causa Bulacio. Hoy no sabemos nada respecto de su accionar, mucho menos de los restantes jueces que participaron. Ahora están a cargo del tribunal Rodolfo Goerner, María Deluca Giacobini y Alejandro Litvack. El 8 de noviembre deben emitir su dictamen y terminar con un gran deber de la Justicia. Queda pendiente otra obligación.

Martín Dalla Zorza- Fernando Bondioni/Ed. F.G./C3

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