Argentina sigue sin ley de acceso a la información

Argentina sigue sin tener una ley nacional de acceso a la información luego de que la última iniciativa, que contaba con la aprobación del Senado desde octubre de 2010, perdiera estado parlamentario en febrero de este año debido a diferencias irreconciliables entre el oficialismo y la oposición en la Cámara baja.

Samuel Cabanchik, senador de Proyecto Buenos Aires Federal (ProBAFe) y autor del mencionado proyecto, volvió a presentarlo en el Congreso de la Nación el pasado 8 de mayo.

El legislador aseguró a Agencia TAO que una ley de libre acceso a la información pública le permitiría al ciudadano “acceder a informaciones que por naturaleza le pertenecen” y, además, le posibilitaría “una participación más comprometida en la vida institucional del país”.

Por su parte, el coordinador del programa de fortalecimiento institucional de la Asociación Igualdad y Justicia (ACIJ), Renzo Lavín, planteó que una normativa en este sentido es “fundamental para garantizar la transparencia en el accionar del Estado y para que la sociedad pueda monitorear el funcionamiento de los mecanismos estatales”.

Asimismo, Damián Loreti, titular de la cátedra de Derecho a la Información de la carrera de Ciencias dela Comunicación de la UBA, expresó que una ley, además de cumplir con la función de monitoreo, serviría para “dotar al conjunto de la población con una herramienta que le permitiría contar con información como garantía de otros derechos sociales”.

En la actualidad, el derecho a la información es considerado como un derecho humano fundamental y en nuestro país está regulado por el decreto 1172 del año 2003 firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner.

Sin embargo, Cabanchik manifestó que el decreto presenta limitaciones porque “rige solamente para el Poder Ejecutivo Nacional, dejando afuera a los otros dos poderes”. Y añadió que “al no haber una ley, cada dependencia o empresa puede o no dar la información, la que además,  usualmente, es difícil incluso de solicitar. Muchas veces para acceder a cierta información hay que recurrir a la justicia”.

En otro sentido, el director ejecutivo del Foro de Periodistas Argentinos (FOPEA), Andrés D’Alessandro, advirtió que “desde fines de 2007 y principios de 2008, con el cambio de funcionarios, ha habido un retroceso en el cumplimiento del decreto”. Además, expresó que “hay organismos que, amparándose en el derecho de protección de datos personales, se niegan a suministrar información de carácter público”.

No obstante, Loreti, cuya cátedra monitorea el cumplimiento del decreto 1172 desde 2004, señaló que “la cantidad de respuestas de pedidos de información fue subiendo mientras que la cantidad de complicaciones fue bajando”.

En nuestro país, el derecho a la información está garantizado por la Constitución Nacional y por diversas declaraciones y tratados de derechos humanos.

 Juan Ventura / S.P. / Com. 06

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